Acapulco, Gro. — La frase “en Guerrero todo se puede” se ha instalado en el debate político local en torno a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez , en medio de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de diversos señalamientos públicos relacionados con el manejo y destino de los recursos durante su administración.
Aunque no existe un proceso legal de revocación de mandato contra la alcaldesa, el Ayuntamiento de Acapulco promovió controversias constitucionales que derivaron en medidas cautelares para frenar acciones de autoridades estatales que pretendían auditar recursos federales , competencia que —según comprometió la SCJN— corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) .
Paralelamente, uno de los puntos que ha generado mayor discusión pública es la existencia de observaciones por alrededor de 900 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2023 , recursos que, de acuerdo con información oficial, se encuentran en proceso de aclaración ante instancias federales , sin que hasta el momento exista una resolución definitiva que determine responsabilidades.
Ayuntamiento de Acapulco
A este tema se suma el gasto anual aproximado de 6 millones de pesos por concepto de renta de camionetas para el Ayuntamiento de Acapulco , un rubro que ha sido cuestionado por sectores ciudadanos y actores políticos, quienes señalan que dicho recurso podría destinarse a servicios prioritarios como agua potable, obra pública o mantenimiento urbano.
Desde el gobierno municipal se ha argumentado que la renta de vehículos responde a necesidades operativas y administrativas , mientras que los críticos consideran que el esquema representa un alto costo recurrente para las finanzas municipales, especialmente en un contexto de limitaciones presupuestales.
La SCJN ha reiterado que las suspensiones otorgadas no constituyen beneficios personales , sino que buscan preservar la autonomía municipal y el respeto a la división de competencias entre los distintos órganos de gobierno, dejando en manos de la autoridad federal competente la revisión final de los recursos observados.
En este escenario, el debate político en Guerrero se mantiene encendido, alimentado por cuestionamientos financieros, resoluciones judiciales y expresiones que, como “ en Guerrero todo se puede ”, se han convertido en un símbolo de la confrontación pública en torno a la administración municipal de Acapulco.
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