Acapulco, Gro.— La coordinación de Recursos Humanos del hospital regional del ISSSTE en Acapulco se separó del cargo el viernes pasado, en el marco de una revisión interna por presuntas irregularidades administrativas relacionadas con contratación de personal, adquisiciones y pagos de servicios, de acuerdo con testimonios y documentación aportada por trabajadores del instituto.
Fuentes internas del hospital señalaron que la medida forma parte de una serie de ajustes que continuarán la próxima semana y que alcanzarían a otros directivos presuntamente vinculados al excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Acapulco, Yoshio Ávila González, a quien ubican dentro de un grupo político cercano al senador Adán Augusto López Hernández. Los señalamientos, precisan, no constituyen una imputación formal, pero sí motivaron la activación de mecanismos de control institucional.
De acuerdo con información que circula al interior del hospital y que fue confirmada por personal del instituto, la oficina del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, habría solicitado la renuncia del subdelegado administrativo, Jaime Enrique Gil Manjarrez Giles, así como del subdirector administrativo del hospital, Javier Galeana Maya. Ambos funcionarios serían investigados por una posible relación con el financiamiento de actividades políticas anticipadas, situación que se encuentra bajo revisión administrativa.
ISSSTE
Trabajadores del ISSSTE entregaron copias de documentos oficiales que dan cuenta de pagos por aproximadamente 35 millones de pesos realizados durante el año pasado por servicios de hemodiálisis subrogados al hospital privado Santa Lucía Acapulco, a pesar de que dicha empresa fue descartada previamente en un procedimiento nacional de licitación pública.
Consta en el acta de fallo de la convocatoria nacional, emitida el 3 de junio de 2025, que el concurso fue declarado desierto luego de que las propuestas presentadas —entre ellas la de Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía S.A. de C.V.— rebasaran el presupuesto autorizado por el instituto. En el caso específico de esta empresa, el dictamen técnico señala que el costo unitario propuesto ascendía a mil 800 pesos más impuestos por sesión de hemodiálisis para hospitales generales de Acapulco e Iguala, adscritos a la representación estatal del ISSSTE.
Sin embargo, la documentación revisada indica que el 1 de octubre posterior se formalizó un contrato por adjudicación directa con la misma operadora, esta vez únicamente para el hospital general de Acapulco, bajo el argumento de atender “las necesidades requeridas por la unidad médica”, con un monto máximo autorizado de 5.5 millones de pesos.
Hasta el momento, el ISSSTE no ha emitido un posicionamiento público oficial sobre este caso. No obstante, fuentes gubernamentales consultadas confirmaron que los hechos forman parte de un proceso de revisión administrativa interna y que cualquier determinación se realizará con apego a la normatividad vigente y a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
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