Acapulco, Gro., enero de 2026.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a través de su Delegación D-V-13, Sección 61, denunció públicamente la presunta intervención del director del Instituto Tecnológico de Acapulco en el proceso de renovación del comité delegacional, cuya asamblea extraordinaria está programada para el próximo 29 de enero de 2026.
De acuerdo con el comité sindical, el directivo habría incurrido en actos de injerencia indebida, al presuntamente contratar personal de manera eventual con el objetivo de desestabilizar y manipular la asamblea donde se elegirá a la nueva dirigencia sindical.
Los representantes del gremio recordaron que los estatutos internos del SNTE establecen de manera clara que únicamente pueden participar con voz y voto los trabajadores activos que cuenten con aportación sindical comprobable, la cual debe acreditarse mediante el talón de pago oficial descargable de la plataforma del Tecnológico Nacional de México.
Artículo 9º
Asimismo, subrayaron que el Artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho de reunión y asociación, por lo que advirtieron que cualquier persona que no cumpla con los requisitos estatutarios y pretenda participar en la asamblea podría enfrentar acciones legales de carácter penal, civil o administrativo, según corresponda.
El sindicato recordó que durante una reunión sindical anterior, el director del Tecnológico habría enviado a jefes de departamento, subdirectores y personal administrativo a participar en la votación, lo que provocó que autoridades del SNTE a nivel nacional declararan que no existían condiciones legales ni estatutarias para llevar a cabo la elección, debido a las graves violaciones detectadas.
En este contexto, el gremio destacó que, tras la reforma impulsada por el senador de la República Alfonso Cepeda Salas, quien también funge como secretario general nacional del SNTE, se incorporó el Artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual tipifica como delito grave la injerencia de personal administrativo o autoridades en procesos sindicales.
Finalmente, la Delegación D-V-13 exigió respeto absoluto a la autonomía sindical, advirtió que no permitirá intromisiones externas en la próxima asamblea y señaló que dará seguimiento legal a cualquier intento de vulnerar los derechos de los trabajadores agremiados.
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