La crisis de desapariciones en México ha alcanzado un nivel alarmante. Actualmente, existen más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, una cifra que refleja el colapso del sistema forense y la falta de capacidad institucional para dar identidad a miles de personas fallecidas.
La situación ha llamado la atención internacional. La ONU activó el Artículo 34, un mecanismo que solo se utiliza en casos graves, con el objetivo de llevar la situación de México ante la Asamblea General. Las razones incluyen desapariciones generalizadas y sistemáticas, posibles crímenes de lesa humanidad y señalamientos de responsabilidad del Estado, ya sea por omisión o permisividad.
Esto significa que el tema dejó de ser un informe más y se convirtió en una alerta internacional sobre derechos humanos en México.
Rechazó del informe
Por su parte, el gobierno federal rechazó el informe y lo calificó como tendencioso, asegurando que no existe una política de desapariciones y que el problema está relacionado únicamente con el crimen organizado, deslindando al Estado de responsabilidad.
Sin embargo, la realidad muestra otra crisis paralela: miles de cuerpos ya fueron encontrados, pero siguen sin nombre. Muchos de ellos se encuentran en fosas comunes, morgues saturadas o panteones ministeriales, mientras la información forense permanece en bases de datos que no están conectadas entre sí.
Especialistas llaman a este fenómeno la “doble desaparición”: primero desaparece la persona, después aparece un cuerpo, pero el Estado no puede identificarlo, por lo que la persona sigue oficialmente desaparecida.
Datos de ADN
El sistema forense mexicano se encuentra rebasado.
No existe un registro único de fosas, las bases de datos de ADN, huellas dactilares y registros dentales no están conectadas, y muchas instituciones no comparten información entre sí. Incluso, las cifras oficiales suelen ser menores que las registradas por colectivos de búsqueda. Mientras autoridades federales reportan pocas fosas clandestinas, fiscalías estatales reportan cientos en el mismo periodo.
Lo más doloroso es que, en muchos casos, no es el Estado quien encuentra a los desaparecidos, sino sus propias familias. Madres, padres y colectivos de búsqueda recorren el país con sus propios recursos, excavando fosas y buscando restos humanos.
En México no solo desaparecen personas; también desaparecen dentro del sistema: cuerpos sin nombre, expedientes olvidados y casos que nunca se resuelven.
Si no se destinan más recursos al sistema forense, a las fiscalías y a las áreas de búsqueda e identificación, esta crisis no va a cambiar. Porque el problema no es solo encontrar cuerpos, sino poder darles identidad, y actualmente el Estado no tiene la capacidad suficiente para hacerlo.
En México, una persona puede desaparecer, pueden encontrar su cuerpo, y aun así, nadie puede decir quién era.
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